El Congreso aprueba la Ley

Hace casi un año, apuntaba que el proyectos de Ley de Dependencia olvidaba muchas familias y que además existian muchos interrogantes y demasiadas indefiniciones para una Ley que se anuncia como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

No cabe duda, que desde la presentación del proyecto de ley de Dependencia, a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada definitivamente por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 30 de Noviembre de 2006 y que dará lugar al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) existen importantes cambios, a mi modo de ver, después de un desgaste innecesario para corregir cuestiones elementales para las personas que vivimos un día, y otro también, las dificultades añadidas a una condición de discapacidad, sobrevenida o desde nacimiento, sea física, sensorial, intelectual, neurodegenerativa o de la diversidad funcional que se trate.

Un proyecto de ley ("...en principio dirigido a mayores y en el que posteriormente se decidió incluir a personas con discapacidad..."), en el que las presiones durante su tramitación, han logrado básicamente que pueda considerarse como beneficiarios de la norma, a personas con discapacidades psíquicas y niño entre 0 y 3 años. Un proyecto, Ley hoy, que continua presentando aspectos esenciales poco nítidos, máxime cuando consideramos que la vida de las personas, con discapacidad o no, es más que las ABVD. (Actividades Básicas de la Vida Diaria, básicamente: higiene, alimentación y vestido).

La Ley establece que la prioridad en el acceso a los nuevos servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. En este sentido, la Ley está como la propuso el Gobierno, de forma que el patrimonio de las personas dependientes se tendrá en cuenta a la hora de establecer el "copago" de los servicios. El ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aboga por dejar un mínimo de ese patrimonio exento de contribución a las prestaciones, el que se calcule necesario para que su titular pueda desempeñar su vida con normalidad. El resto de ese patrimonio debe servir para contribuir a la financiación de las prestaciones. "Quien más recursos tenga, debe aportar", afirmaba en el Congreso Jesús Caldera.

Mucho se ha discutido sobre la forma de financiación del sistema y aún así muchos no hemos quedado del todo convencidos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que para desarrollar la ley, se aplicarán 26.000 millones de euros en los próximos 8 años (3.250 millones/año), repartidos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en cantidades similares, debiendo ambas administraciones, pasar del 0,33% del PIB que se destina en la actualidad, a más del 1% en 2015 para fortalecer la autonomía personal de 1 millón de personas potencialmente beneficiarias de esta Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia a lo que hay que añadir el "copago" de los beneficiarios con un máximo del 30% sobre el coste de los servicios "de forma equilibrada y justa, teniendo en cuenta que ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos".

Largo camino le queda a las ONGs representativas de la discapacidad y al Consejo Territorial de la Dependencia, órgano que deberá estar formado, según recoge la ley, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor y del que según parece sólo formarán parte la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para desarrollar reglamentariamente la Ley y esclarecer entre otras cuestiones y a título enunciativo, los asuntos tan poco nítidos como: "baremos de dependencia" y su relación con valoraciones ya existentes, el "copago" de los beneficiarios a los servicios y prestaciones, el reparto competencial, o incluso, la posible inconstitucionalidad de parte del artículo.

Para finalizar, he de señalar que, según estudios recientes, una persona con diferencia funcional debe afronta una media de 27.000 euros de gasto al año por su condición de discapacidad, para poder desempeñar su vida con cierta normalidad. A sabiendas del "poderoso caballero..." y por aquello de "lo que mal empieza...", tarde o temprano, esta histórica iniciativa, este camino de solidaridad, tendrá que ser corregido en forma y fondo, al menos, para no hacer un flaco favor a la sangre, sudor y lágrimas de familiares y personas con diversidad funcional, cuyas voluntades y esfuerzos puede verse "en riesgo de exclusión" como beneficiarios de un nuevo derecho que por fin "los españoles hemos conquistado: el de ser atendidos por razón de dependencia." (Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales). Lamentablemente y a mi modo de entender, continuamos midiendo a las personas por lo que no pueden hacer, que por lo que podemos hacer.

Para terminar, coloco en forma de comentarios, algunas de las declaraciones publicadas en los medios, tras la aprobación "probablemente de la norma social más importante de principios de siglo", según Jesús Caldera.

Enviado por: Fernando Briones

Enlaces relacionados:

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9 comentarios

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:08]

Amparo Valcarce (Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad) Hoy es un día histórico para muchas familias con personas dependientes que llevan años esperando la Ley de Dependencia que se aprobará hoy. Hoy nace un nuevo derecho universal y subjetivo para todos los ciudadanos españoles. La Ley de Dependencia como la Ley de Igualdad son dos instrumentos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias.

Aseguró que en estos momentos España es uno de los países que más y mejor protege a la familia y puso varios ejemplos para ilustrar su afirmación. "Más de 500.000 funcionarios se han acogido ya al Plan Concilia, que incluye permisos para el cuidado de los hijos. Gracias al nuevo reglamento de familias numerosas, más de 6.000 familias numerosas se han acogido a la bonificación del 45% en las cuotas a la Seguridad Social al contratar un cuidador".

Declaraciones en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, con la colaboración de la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:06]

Mario García (presidente del CERMI) la ley de dependencia es muy positiva porque va a beneficiar a un gran número de personas, se trata de la ley social más importante de los últimos años para el colectivo de la discapacidad y felicitó tanto al Gobierno como a la oposición por haber logrado que salga adelante con gran consenso.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:06]

Luis Mardones, (Coalición Canaria) su grupo está plenamente de acuerdo con el fondo de la ley, si bien expresó su preocupación por el aspecto de la financiación de la norma.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:05]

Joan Tardá (Esquerra Republicana) se congratula de las mejoras adquiridas en el trámite parlamentario, tales como la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental dentro de los beneficiarios de la norma.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:04]

Carme García (IU) quizás ésta no es la mejor ley ni el cuarto pilar del Estado del bienestar, si bien sí puede ser la "semilla" que lo hará germinar.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:03]

Emilio Olabarría (PNV), afirmó que su grupo se siente engañado. La ley no es buena, pues además de carecer de referencia constitucional, se hace mediante una invasión masiva de competencias autonómicas. Tampoco cumple, los requerimientos de universalidad y no solucionará el problema de sus beneficiarios.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:03]

Carles Campuzano (CiU) calificó la ley de injusta y denunció que su financiación no está garantizada y que será inaplicable en el 2007. Cree que se ha perdido una oportunidad con la aprobación de esta ley y afirmó que la norma no es justa en términos sociales y que choca con el reparto competencial.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:02]

María Salom (PP) esta norma llega con dos años de retraso, por su mal planteamiento, se ha enfrentado a un buen número de enmiendas en el trámite parlamentario. Aunque no es la mejor ley su grupo la apoya tras contribuir a mejorarla y porque no es una ley de izquierdas, sino de todos.

[Fernando - 04 de diciembre de 2006 - 00:01]

Marisol Pérez Domínguez, (PSOE) el espíritu de la ley en lo referente al "copago" es que pague quien tenga patrimonio. La Administración entiende por patrimonio cuando se hace una declaración sobre él. El domicilio habitual de un beneficiario no puede ser considerado patrimonio cuando éste resida en él y reciba la atención en su casa.